En el contexto del Derecho mexicano, el Compliance Anticorrupción tiene una profunda relevancia en Materia Penal; ya que, la corrupción se ha ido internacionalizando como resultado de la globalización económica, razón por la cual, distintas autoridades alrededor del mundo han señalado que ha fin de afrontar este problema es necesario abordarlo desde una perspectiva global, por ello, existen normas internacionales así como convenciones multilaterales que han establecido claros lineamientos con la finalidad de combatir la corrupción.
En ese sentido, México ha realizado diversas acciones con la finalidad de combatir la corrupción, mismas que pueden encontrar sustento jurídico en diversas normativas vigentes en el país, como lo son: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los Códigos Penales de las diversas entidades federativas de la República Mexicana, entre otros.
Cabe señalar que, a fin de abordar la problemática de la corrupción (entre otras cuestiones), hoy en día en México las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por la comisión y/o participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, en específico, cuando se trata de delitos cometidos a nombre, por cuenta, en beneficio o a través de los medios que las personas jurídicas proporcionen siempre que haya existido una inobservancia del debido control en su organización.
Aunado a lo anterior, el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) es otra referencia importante en materia penal mexicana, ya que se encarga de velar por el cumplimiento de los estándares internacionales contra el blanqueo de dinero y otros actos relacionados con prácticas corruptas. En este sentido, esta organización ha generado un marco regulatorio que exige un alto nivel de vigilancia por parte de las empresas a fin de prevenir cualquier intento o acción relacionada con conductas corruptas.
La ratificación por parte del gobierno mexicano en diciembre del año 2003 de la Convención de las Naciones Unidas Contra La Corrupción fue clave para erradicar prácticas corruptas dentro y fuera del territorio nacional, pues busca la ayuda internacional en la prevención y el combate contra la corrupción. No debe pasar desapercibido que, dicha convención fue modificada recientemente respecto a los actos vinculados con prácticas políticamente expuestas y el financiamiento ilícito a partidos políticos.
Finalmente, se hace hincapié en que, derivado de las acciones realizadas por el Gobierno Mexicano que tienen como objetivo hacer frente al combate contra la corrupción, se ha hecho necesario que las personas jurídicas no solamente cuenten con un control dentro de su organización, sino también que el mismo sea ejecutado y lleve un seguimiento continuo de forma debida, este control debe ser personalizado según el giro de la persona jurídica, en otras palabras, debe ser acorde a su objeto social pues de lo contrario no sería efectivo, por lo que, hoy en día, es necesario que las personas jurídicas en México cuenten con un programa de cumplimiento normativo que incluya aspectos Penales a fin de evitar que estas cometan y/o participen en la comisión de delitos, exigiendo acciones específicas a realizar por parte del personal administrativo encargado del cumplimiento legal a fin de lograr el fortalecimiento interno organizacional.