En 2016, entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales y, con el, se dio paso a la instauración del sistema penal de carácter acusatorio y adversarial. Así las cosas, a 7 años de dicho acontecimiento se han advertido distintas fallas dentro de este sistema penal, algunas estructurales y otras relacionadas con la implementación del mismo.
Resulta imposible ignorar que, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Mexicano se inspiró y asumió figuras de los sistemas acusatorios de otros países. En ese sentido, no necesariamente una figura jurídica que funciona de forma eficiente en un país tendrá el mismo impacto en otro, ya que no basta con comprender cuestiones técnicas a efecto de reformar un Sistema de Justicia Penal, sino que resulta necesario aceptar y reconocer diversos aspectos sociales y culturales según cada país. Lo anterior es así, ya que, tanto los órganos públicos involucrados como los operadores del sistema son verdaderamente importantes para la correcta implementación del mismo.
Luego entonces, en un país en donde los órganos públicos autónomos como lo son las Fiscalías tienen una carga de trabajo desmesurada es lógico considerar que los servidores públicos que tienen bajo su cargo un exorbitante número de asuntos, en ocasiones puedan omitir prestar la atención debida, puesto que, sus tareas y actividades son mayores a aquellas que pueden desempeñar dentro de su horario laboral. No debemos olvidar que los servidores públicos tienen el carácter de empleados, lo que significa que son titulares de diversos derechos, como lo es una jornada laboral legal, un trato digno, una remuneración justa, entre otros.
De esta manera, la falta de recurso humano tanto en Fiscalías como en los diversos tribunales de justicia de las entidades federativas, sumada a otros factores, tales como la falta de correcta de capacitación para dichos servidores públicos ha generado un sentimiento de impunidad en el gobernado, provocando que este pierda la confianza en el funcionamiento del sistema penal.
Ahora bien, podríamos pensar que aumentar en el número de elementos que integran las Instituciones impartidoras de justicia e instaurar nuevas estructuras y método de operación dentro de la mismas resultan las acciones lógicas para solucionar estos problemas, pero en realidad, dichas medidas no serían suficientes, ya que, eventualmente se verían superadas por el crecimiento del verdadero problema social al que nos enfrentamos, el cual, es no respetar el principio de mínima intervención del Derecho Penal.
Aunado a lo anterior, para que una política criminal sea eficiente, esta debe de tomar en cuenta diversas cuestiones de la vida social, tal como lo son la educación, el desempleo y salud; ya que, son precisamente las deficiencias estructurales en dichos aspectos de la vida social aquellas que detonan la actividad delictiva en una sociedad.
No omitimos señalar que, en los últimos años se han puesto en marcha esfuerzos para implementar estrategias orientadas a la prevención del delito y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia; sin embargo, estas políticas aún son objeto de debate y crítica, ya que los resultados de estas se producen a largo plazo y aún están por determinarse.